CHILPANCINGO | 19 de Oct de 2014 - 6:58 AM | Por: AGENCIAS
El tiempo tiene dos caras para las familias y amigos de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala. Para Antonio Santana, padre de uno de ellos, es lento y tortuoso "Que no nos den atole con el dedo: que nos digan si están vivos o muertos, pero ya". Para el profesor "Raúl", en cambio, 24 días son nulos sin justicia.
"Parece que fue ayer desde que les dispararon como a animales y no hay resultados que esclarezcan las cosas", resume.
El pasado 26 de septiembre, un grupo de alumnos de la Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, regresaban a su escuela en autobuses de transporte público que raptaron en la vecina Iguala cuando fueron baleados por policías municipales y presuntos integrantes de Guerreros Unidos, una subdivisión del cártel los Beltrán Leyva, que supuestamente capitaneaban el alcalde José Luis Abarca y su esposa.
La cuenta de los maestros, estudiantes y la ciudadanía inconforme es que las pesquisas y promesas de justicia que impulsa el presidente Enrique Peña Nieto "carecen de valor" si los chicos no aparecen, sin la renuncia del gobernador, Ángel Aguirre, si Abarca continúa prófugo de la justicia y no se frenan los asesinatos que a diario ocurren en el estado.
Hasta la fecha, la Procuraduría General de la República (PGR) tiene en proceso judicial por los hechos en Iguala a 22 policías de Iguala, 14 de Cocula y una veintena de civiles involucrados.
Poco después del ataque a los estudiantes, la primera hipótesis oficial fue que los 28 cuerpos extraídos de cinco fosas clandestinas encontradas en un cerro aledaño a Iguala eran de los muchachos desaparecidos.
El procurador de justicia guerrerense, Iñaki Blanco, describió que esos cadáveres habían sido despellejados y calcinados antes de recibir el tiro de gracia; sin embargo, tras las pruebas de ADN, el gobierno federal descartó que los cuerpos correspondieran a los normalistas aunque no reveló la identidad.
"Parece que fue ayer desde que les dispararon como a animales y no hay resultados que esclarezcan las cosas", resume.
El pasado 26 de septiembre, un grupo de alumnos de la Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, regresaban a su escuela en autobuses de transporte público que raptaron en la vecina Iguala cuando fueron baleados por policías municipales y presuntos integrantes de Guerreros Unidos, una subdivisión del cártel los Beltrán Leyva, que supuestamente capitaneaban el alcalde José Luis Abarca y su esposa.
La cuenta de los maestros, estudiantes y la ciudadanía inconforme es que las pesquisas y promesas de justicia que impulsa el presidente Enrique Peña Nieto "carecen de valor" si los chicos no aparecen, sin la renuncia del gobernador, Ángel Aguirre, si Abarca continúa prófugo de la justicia y no se frenan los asesinatos que a diario ocurren en el estado.
Hasta la fecha, la Procuraduría General de la República (PGR) tiene en proceso judicial por los hechos en Iguala a 22 policías de Iguala, 14 de Cocula y una veintena de civiles involucrados.
Poco después del ataque a los estudiantes, la primera hipótesis oficial fue que los 28 cuerpos extraídos de cinco fosas clandestinas encontradas en un cerro aledaño a Iguala eran de los muchachos desaparecidos.
El procurador de justicia guerrerense, Iñaki Blanco, describió que esos cadáveres habían sido despellejados y calcinados antes de recibir el tiro de gracia; sin embargo, tras las pruebas de ADN, el gobierno federal descartó que los cuerpos correspondieran a los normalistas aunque no reveló la identidad.
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